VIDEO MUSICAL SOY COMUNA 13

Compartimos este video musical Soy comuna 13, realizado por Documental amarillo y Klan 2ble H13.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A0XAwPsflNI

MARISCAL: 10 AÑOS La Esperanza Persiste

A las 3:00 de la madrugada del 21 de mayo de 2002 comenzó la tercera parte de la pesadilla particular de la Comuna 13. Después de las operaciones militares Otoño y Contrafuego, el 24 y 29 de febrero de ese año, y una serie de amenazas, persecuciones y homicidios desde 1999, los habitantes de la zona cargaban con la temible certeza de que se avecinaban días peores.

Sin embargo no dejaron de sorprender las ráfagas de fusil que se desataron sin que despuntara siquiera la mañana y la negrura que reinaba en los barrios 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, donde tanques del Ejército Nacional destruyeron un transformador de energía para dar comienzo a la Operación Mariscal.

Ni dejaron de sorprender los mil efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, el CTI, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía y la Procuraduría que tomaban posiciones en las callejuelas y las escaleras que atraviesan la Comuna, amenazando a todo aquel que osara sacar la cabeza para ver qué ocurría y arremetiendo contra la población con ametralladoras M60, fusiles y helicópteros artillados.

Al parecer iban tras los integrantes de las FARC–EP, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), pero las ráfagas indiscriminadas terminaron perforando los muros, techos y ventanas de un sinnúmero de casas endebles, donde sus ocupantes nunca –ni en ese entonces ni en la actualidad– se han sentido seguros ante los disparos cruzados.

Después de doce horas y media se contaban nueve personas muertas, entre ellas dos amas de casa y cuatro niños, y aproximadamente 37 heridas. Además fueron detenidas arbitrariamente otras 55 personas.

Tras diez años de su asesinato, a las madres de Yiseth Adriana Tascón, María Isabel Jaramillo, Jorge Alexander Bustamante y John Wilmar Ayala, los cuatro niños víctimas de las balas durante las primeras doce horas de la Operación Mariscal, no dejan de aguárseles los ojos y de compungirse ante el recuerdo de las aventuras infantiles y los grandes sueños de sus hijos.

Ni dejan de dolerse por todas las vidas que se han perdido desde entonces, por las de quienes han muerto por el efecto de las balas, las de quienes han padecido largas y dolorosas enfermedades que encuentran su génesis en el miedo y la intranquilidad, las de los jóvenes cuyas posibilidades de estudio y trabajo son tan escasas como los alimentos en las despensas de sus casas de cartón, las de los niños que hoy son obligados –por las armas y las circunstancias– a vincularse a bandas criminales. Por la certeza de que a sus hijos y nietos “los disfrutaremos poquitico”.

El terror que campea por la Comuna 13 desde finales de la década del noventa, ha estado acompañado por la impunidad. Pese a las innumerables violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tan sólo dos miembros de la Policía Nacional, el brigadier general José Leonardo Gallego Castrillón y el coronel Álvaro Botero Mejía, han sido sancionados. Y el Estado colombiano condenado por la muerte de Martha Janeth Correa Murillo.

Pese a que nada se dice con respecto a los intereses soterrados que se posan sobre la Comuna 13, ni de los altos mandos militares, ni de los políticos que han respaldado los desmanes y excesos de la Fuerza Pública; los habitantes de este resquicio de la ciudad continúan exigiendo verdad, justicia y reparación integral, continúan reuniéndose alrededor de la vida y la memoria de sus víctimas, continúan diciéndole a la ciudad que el conflicto en la Comuna 13 no es de la Comuna 13, es de un país en el que la vida digna no es una garantía sino un privilegio.

UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD TRAS LA OPERACIÓN MARISCAL

Soy Comuna 13, donde la memoria y la vida son presente

Pocas personas notaron que a las 3:00 de la madrugada, del 21 de mayo de 2002, se quedaron a oscuras los barrios 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, de la Comuna 13 de Medellín, cuando tanques del Ejército Nacional destruyeron un transformador de energía para dar comienzo a la Operación Mariscal, la tercera de las seis que se desarrollarían a lo largo del año con el propósito de exterminar a las organizaciones insurgentes que operaban en la zona.
Durante doce horas y media mil efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, el CTI, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía y la Procuraduría arremetieron contra la población con ametralladoras M60, fusiles y helicópteros artillados.

Sus disparos, aparentemente dirigidos contra integrantes de las FARC–EP, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), terminaron perforando muros, techos, ventanas, dejando nueve personas muertas, entre ellos varios niños, y 38 más heridas.

Venciendo el miedo, antes del medio día algunas personas salieron espontáneamente a la calle, elevando sábanas blancas como símbolo de protección para pedir que les permitieran llevar a los heridos al centro de salud más cercano. Cualquier petición o exigencia fue respondida con el silbido de las balas, cualquier reclamo fue asumido como palabras de guerrilleros. La comunidad toda fue estigmatizada.

Sin orden judicial alguna, miembros de la Fuerza Pública entraron a las casas, las registraron, hurtaron enceres y alimentos, y finalmente detuvieron arbitrariamente a 55 personas.

Tras diez años, sólo se ha logrado la destitución por cinco años del entonces Comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General José Leonardo Gallego, y la condena a la Nación por la muerte de Martha Janeth Correa.

El Ministerio Público calificó como desproporcionados los “disparos de ráfagas indiscriminadas que hacían blanco en las humildes viviendas del vasto sector habitado por 4.000 personas, dando al traste con la vida de dos amas de casa y cuatro niños, quienes por lo endebles de los materiales de construcción de sus hogares, no pudieron protegerse de los disparos cruzados, amén de otras personas, que murieron en las puertas de sus casas cuando trataban de auxiliar a los heridos”.

La impunidad continúa campante por la Comuna 13, mientras sus habitantes se reúnen alrededor de la vida y la memoria, mientras se organizan los jóvenes, las madres, las víctimas.

Hoy se puede asegurar que se sigue en la lucha
Y de que seguimos aunque la ayuda no sea mucha
Y que se escuchan mucho más gritos de esperanza
Que mantenemos fuertes unidos como una alianza
Se reconstruye la fe, poco a poco se avanza
Formando organizaciones que nos devuelven la confianza
Ante una guerra que arrasa
Soy comuna 13, mi barrio, mi tierra, mi gente, mi casa.
Soy Comuna 13, Klan 2ble H 13

LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ SE SUMA AL CLAMOR DE LAS VÍCTIMAS DE LA COMUNA TRECE

Reunidos en torno a los cientos de desaparecidos en la Comuna 13 durante los operativos militares y paramilitares desarrollados en el año 2002, y cuyos cuerpos fueron enterrados clandestinamente en La Escombrera; miembros del Tribunal Superior de Medellín, de organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la ciudad y la Comuna, y familiares de las víctimas conmemoraron, en la mañana de hoy, el Día de la Solidaridad con las Víctimas con el acto de “memoria y reconocimiento” Escarbando la verdad. Desenterrando la justicia.

En medio de la ceremonia religiosa, el sacerdote franciscano Alonso Monsalve hizo un llamado a la solidaridad y al compromiso con que Nunca Más se repitan crímenes atroces como los que ha vivido la Comuna 13 a lo largo de las dos últimas décadas. “Sólo puede haber paz donde hay justicia, y sólo hay justicia donde hay diálogo”, decía.

En su intervención, el presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, explicó que la actividad se realizaba en la Comuna 13, a unos metros de La Escombrera, “porque éste es un símbolo del dolor y el sufrimiento de las víctimas, símbolo de las distintas violencias, símbolo de la unión entre las fuerzas legales e ilegales para violar los Derechos Humanos”.

“Yo creo que la justicia ha mostrado una gran impunidad frente a estos hechos y es necesario reconocerlo. Deberíamos pedir perdón por ser una justicia cómoda para el poder”, señalaba el magistrado Pinilla conmovido por la inercia y la impunidad que reina en los casos de desaparición forzada, por la falta de sanciones tanto para quienes han empuñado las armas como para quienes pagaron por ellas, dieron la orden de asesinato o desaparición, e idearon los crímenes.

Exigía, al igual que lo han venido haciendo las víctimas y las organizaciones que las acompañan, el cierre inmediato y definitivo de La Escombrera para comenzar la búsqueda e identificación de los cuerpos que allí han sido enterrados.

El evento, convocado por  la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, organizaciones de víctimas de la Comuna 13, el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Obra Social Madre Laura, la Corporación Jurídica Libertad, Madres de la Candelaria (línea fundadora), la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y la Biblioteca de Comfenalco Centro Occidental; finalizó con un acto simbólico en el que las víctimas representaron en siluetas negras a sus familiares desaparecidos.

A continuación el comunicado difundido por Mujeres Caminando por la Verdad y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

COMUNICADO PUBLICO

 El 16 de octubre del año 2002, más de mil uniformados pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, el DAS e integrantes del CTI, así como hombres y mujeres informantes vestidos de camuflado y encapuchados, que hoy sabemos pertenecían al bloque paramilitar Cacique Nutibara, además miembros de la Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación, entraron a nuestros barrios a bordo de camiones y tanques blindados, en desarrollo de la denominada Operación Orión, ordenada directamente por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Durante la Operación Orión la población civil fue atacada indiscriminadamente por la Fuerza Pública, utilizando ametralladoras, fusiles y helicópteros artillados desde los cuales se causaron daños en múltiples viviendas y decenas de víctimas civiles. Algo parecido lo habíamos vivido en mayo en desarrollo de la llamada Operación Mariscal. Este año se cumplen diez años de esa pesadilla que no termina.

Estos actos fueron, sin embargo, presentados como hechos de paz. Nuestra Comuna fue denominada como el“Laboratorio de Paz más exitoso de Colombia”. Los medios de comunicación, las instituciones del Estado, la sociedad en general hablaban del milagro de la pacificación. Muy pocos se interesaron en nuestro dolor, en nuestras denuncias sobre la fuerte presencia paramilitar que quedó como resultado de las operaciones y que contó con todo el respaldo de la Fuerza Pública. Dijimos que estaban desapareciendo forzadamente a muchos de nuestros hijos, hermanos, esposos, pero no nos creyeron. Señalamos que las Escombreras se estaban convirtiendo en cementerios clandestinos de nuestros seres queridos, pero las administraciones permitieron que siguieran vertiendo escombros porque se debía respetar el derecho privado de los empresarios. Las madres, llorando, pedimos una y otra vez protección para nuestros hijos e hijas –especialmente los niños y niñas-, pero ésta nunca llegó y desconsoladas los tuvimos que sepultar en medios del dolor, la pobreza y la soledad.  Exigimos respuestas efectivas para enfrentar la situación y la respuesta fue la militarización del territorio y las obras urbanísticas, sin embargo el paramilitarismo nunca se acabó. Por eso hoy estamos nuevamente aquí pidiendo ser escuchadas y escuchados.

Hoy, 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, establecido por la ley 1448 de 2011 –ley y fecha que no fue consultada ni concertada con nosotras las víctimas–, decidimos participar para decirle nuevamente a la ciudad, al departamento y al país que:

 1. No queremos que la respuesta a nuestras exigencias de justicia y verdad siga siendo la impunidad. Queremos que los responsables de los crímenes sean investigados, juzgados y sancionados. Pero no sólo los paramilitares que participaron en los crímenes; queremos ver juzgados a los ex generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, señalados por los comandantes paramilitares de haber diseñado y ejecutado conjuntamente con los ellos la operación Orión; así como a las autoridades administrativas que por años han permitido las graves violaciones a los Derechos Humanos y los centenares de crímenes contra nuestras familias.

2. Exigimos mecanismos judiciales, forenses y psicosociales eficaces para avanzar en la búsqueda, hallazgo, entrega y esclarecimiento de los casos de desaparición forzada en la Comuna Trece de Medellín. La principal medida tiene que ser el CIERRE INMEDIATO DE LAS ESCOMBRERAS y la conformación de una Comisión interdisciplinaria e interinstitucional liderada por la Fiscalía General de la Nación y con la participación activa de nosotras las víctimas y nuestras organizaciones, que defina el método más oportuno para buscar y encontrar a nuestros seres queridos, teniendo en cuenta las propuestas entregadas por los expertos forenses de otros países como Guatemala y Perú. Una estrategia que además permita explorar otros posibles lugares donde hayan sido llevados las personas desaparecidas forzadamente. Por ello nuestra consigna de “escarbar la verdad y desenterrar la justicia”, la única reparación posible es que nos devuelvan a nuestros familiares desparecidos.  

3. Hoy más que nunca las víctimas estamos organizadas alrededor de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Por ello hemos cuestionado los pocos avances que representa la llamada ley de víctimas y restitución de tierras, que por ejemplo no dice nada sobre las casas que nos fueron despojadas a las familias obligadas al desplazamiento forzado en nuestra Comuna. A muchas víctimas se les sigue negando el derecho a la reparación alegando que sus casos son consecuencia del accionar de las bandas criminales o delincuencia común y por tanto no tenemos derechos. La protección que dicen brindarnos es una burla y nuestros niños y niñas siguen estando expuestos al reclutamiento forzado, a la muerte o en el mejor de los casos al desplazamiento forzado. No existe un sistema adecuado de salud que atienda a todas las madres, esposas, hijas y hermanas enfermas a causa del conflicto. Las víctimas seguimos estando sometidas a la tramitología que nos exige, contrario a lo que dice la ley, probar los hechos y los daños, por ello debemos incluso ir a las universidades o buscar en Internet las noticias de los hechos para presentarlos como un requisito que algunos funcionarios han decidido inventarse sin importarles que con ello nos estén revictimizando. Además, no puede haber reparación integral sin garantías de no repetición y nuestra comuna sigue siendo un campo de batalla.

Finalmente, también queremos decir que, pese a todo el dolor, el atropello y la violación de nuestros derechos, no nos callamos, seguimos resistiendo y luchando para hacer de nuestra Comuna, de nuestros barrios, de nuestras calles, lugares donde los niños y niñas puedan jugar con tranquilidad, donde los vecinos superemos las desconfianzas y el tejido social comunitario nos una en la solidaridad. Nos unimos en el canto juvenil que rechaza la violencia, la corrupción y la militarización de los territorios, en la organización de las mujeres y de las víctimas, en las organizaciones comunitarias y comunales que exigen respeto por su autonomía. Nuestra Comuna está llena de vida y dignidad, de resistencia pacífica, de sueños y alternativas que tienen que ser escuchados por los gobernantes y no seguir definiendo nuestro futuro por fuera de nuestras casas y nuestras vidas.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

 Mujeres en busca de verdad

9 de abril de 2012

ESCARBANDO LA VERDAD, DESENTERRANDO LA JUSTICIA

“PALABRAS Y RESISTENCIAS EN LA COMUNA 13”.

La violencia desatada durante y después de las incursiones militares y paramilitares en la Comuna 13 durante el año 2002, ha dejado profundas heridas en sus habitantes y en familias que, viviendo en otras zonas de la ciudad, han dejado un trozo de sus vidas en este lugar.

En muchos casos el dolor, y el miedo que lo acompaña, ha sido la razón del silencio y la parálisis, pero en otros –en muchos otros- se ha constituido en motor de las exigencias de verdad y justicia.

 

 

“¡Por nuestra memoria y dignidad, soy comuna 13!”

Por Redaccion Plano-Sur

Siendo las 3 de la tarde aproximadamente del sábado 25 de febrero, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, ciudadanos de Medellín, familiares de víctimas de la Comuna 13 y medios de comunicación nos dimos cita en ese territorio medellinense duramente golpeado por el conflicto armado interno con el firme propósito de proclamar al unísono: “¡Soy Comuna 13, donde la memoria y la vida son presente!”.

Partimos desde la entrada a Villa Laura, seguimos hacia las Independencias, por las escaleras eléctricas -esas que se predican públicas, pero por cuyo acceso algunos miembros de bandas han llegado a cobrar $500 a los moradores de viviendas cercanas, y que, todo debe decirse, son un esperpento y un derroche-, y luego, hacia el veinte de julio para finalmente bajar hasta San Javier.
Se valía todo: canciones, bailes, consignas, pitos y máscaras coloridas.

Y las consignas llenaban de color y sentido a la marcha, proclamando:

“¡Escarbar la verdad, desenterrar la justicia, no más escombros sobre la memoria de las víctimas!”

“¡Ni perdón ni olvido para los crímenes de lesa humanidad!”

“¡Sí señor, cómo no, el estado los mató!”
“¡Ni perdón ni olvido para el mayor general Mario Montoya.. culpable!”
“¡Somos víctimas, fue el estado y los nombres no olvidamos, ni Orión ni Mariscal!”
“¡No a la militarización de nuestros sueños, de nuestros suelos, de nuestras vidas.!”

“¡Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de américa latina.!”
“¡Por nuestra memoria y dignidad, soy comuna 13.!”
“¡Por el cierre de la escombrera, soy comuna 13.!”
“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.”
“¡Por nuestra memoria y dignidad, soy comuna 13!”

En el 2012 se cumple el aniversario 10 de las operaciones Orión y Mariscal y para la abogada Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), con este acto se quiso llamar la atención sobre un hecho que terminó afectando y recayendo directamente contra la población civil dejando un centenar de personas muertas y desaparecidas; además, la comuna sigue siendo escenario de paramilitarización, de control social y es necesario, precisa, dar una voz de aliento a una comunidad aterrorizada para denunciar estos hechos.

En la comuna 13 se habla de más de cien desapariciones forzadas. Recientemente Alias “Don Berna” reconoció que dicha operación fue diseñada y ejecutada conjuntamente entre miembros de la Cuarta Brigada del ejército y miembros del entonces Bloque Cacique Nutibara; por estos señalamientos, enfatiza la necesidad de que se abra investigación formal contra Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego, en ese entonces comandantes de la Cuarta Brigada y de la Policía metropolitana, respectivamente.
Por esos motivos, para la abogada Arboleda, es necesario insistir, desde los diversos espacios de incidencia política, que Colombia sigue siendo un país en guerra y que una opción fundamental es la apuesta por la solución política y negociada al conflicto armado interno para enfrentar sus causas, así como acompañar a las víctimas en la exigencia de sus derechos y fortalecer los procesos organizativos para enfrentar las situaciones de guerra.

La CJL acompaña a las víctimas mediante la representación en procesos penales a nivel nacional e internacional y acompaña en el proceso organizativo mediante el Movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado, así como en el proceso de formación de las víctimas, para que puedan avanzar en sus exigencias al estado en su propia voz de garantía y reconocimiento de los derechos que les han sido negados.

A esos efectos, la Campaña Soy Comuna 13 reúne una serie de iniciativas que recogen la voz de ciudadanos de Medellín, cuyas reivindicaciones comprenden el objetivo principal de que exista investigación, juzgamiento y condena de los responsables de las instituciones que hace diez años adelantaron las operaciones Orión y Mariscal, so pretexto de recuperar el orden en una zona disputada por milicianos y paramilitares pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara.

Mientras la marcha carnaval proseguía, y en medio del acompañamiento de miembros de la fuerza pública, Policía Nacional y Policía Militar, no tardó en conocerse que un miembro de la fuerza pública, vestido de civil, se encontraba grabando uno de los momentos más álgidos de la marcha: el momento previo al ingreso a la zona de escaleras eléctricas, donde se hacía una proclama política en honor a la dignidad de las víctimas de la comuna 13 y como uno de sus homenajes. Preguntado a uno de los miembros de la Personería, especialmente de Derechos Humanos, por qué no podía solicitarle que borrara la información grabada y no simplemente que guardara el equipo, este respondió que esa actividad no riñe con las funciones de policía y que lo que podría hacerse era identificarlo con su superior.

Plano Sur lamenta profundamente este hecho, puesto que con estas tácticas el Estado demuestra que su tónica frente a las reivindicaciones de derechos de víctimas sigue siendo el uso de una estrategia de desprestigio y estigmatización sobre quienes alzan su voz contra hechos de los que es directamente responsable, sin dejar de decir, además, que una vigilancia usando vestimenta civil, ya no es vigilancia sino espionaje, y de la más rancia estirpe.

La reivindicación de la memoria, la vida digna y en paz tienen que concebirse siempre como una demanda más que justa, una demanda natural de quienes nos asumimos seres políticos, ciudadanos que quieren reinado permanente de la justicia, no la del Estado, no la de sus órganos de fuerza ni judiciales, sino la de la gente que no quiere más la militarización permanente de su cotidiano.

Por su parte, para Robeiro Muñoz, del Colectivo Semillas de Libertad, expresa que mientras no exista una política integral seria de seguridad social que incluya trabajo, salud, vivienda y educación, aquí no se podrá lograr una paz, por así decirlo, integral.

Ya en el punto de llegada, Doña Nelly Vélez, una valiente madre de uno de muchos hombres fallecidos en medio del fuego disparado, según ella, por la fuerza pública, que se había impuesto en la zona que habitaba con de sus hijos, decidió compartir al equipo de Plano Sur el siguiente testimonio:

“En la comuna 13, por el lado de Los Conquistadores, entró supuestamente los milicianos, terminaron los milicianos pero siguieron los mismos porque cambiaron de nombre.

Y cuando la operación Orión, eso fue un miércoles, entraron los del ejército, y al jueves, supuestamente sacaron todos los milicianos, amanecimos con todo el ejército profesional, el que mandó Uribe para limpiar la comuna 13, es decir, sacar a los milicianos.

Elkin estudiaba, y ese día 17 de octubre, madrugó a estudiar, yo le dije que no fuera pero él dijo que ya estaban los soldados profesionales, que ya no teníamos peligro. Y cuando venía de estudiar, se encontró con el hermano, que le dijo que tenía que hacer una encuesta, lo acompañó y se fueron a hacerla cuando los cogió por allá la balacera por Belencito, y cuando iban entrando a la casa por el lado del solar para evitar los soldados que estaban al frente, estaban corriendo una puerta, y se encendió una balacera horrible, como matando un delincuente. Eso estaba lleno era del ejército que habían mandado, habían tanquetas, y esas balas venían de allá. Yo recogí balas, me volvieron la casa nada. De eso hace ya nueve años y nos dicen que hay que esperar. Por todos lados eso estaba lleno de ejército, lo que sí sé es que milicianos no fueron porque ya se habían ido. Para mí, fue el ejército, porque ellos eran los únicos que estaban allá. Él era seminarista capuchino, estaba en un receso, estudiaba y trabajaba. Y cuando lo mataron pues en El Colombiano salió que era una bala perdida, pero eso no fue una bala perdida, porque fue mucha la bala que le dieron y nosotras metidas debajo de la cama, las balas entraron hasta a la cocina, entre botellas de gaseosa. (…). Intentábamos sacarlo y medio salíamos cuando ya nos daban bala, bala y bala (…).

El comentario que yo escuché fue que limpiar el barrio era que a todo lo que se movía le dieran bala, ese día hubo muchos heridos, más muertos (…). La entrada del ejército no ayudó a la comunidad, ellos le daban era dizque a lo que se moviera (…)”.

Nueve años después para esta familia, diez, para otras, quedan muchas interrogantes aún; se sabe que hay cuerpos en la escombrera, pero nadie se atreve a desenterrarlos, y con ellos, a desentrañar la verdad lo sucedido, una verdad que, por lo pronto, se encuentra en la memoria de quienes perdieron a sus seres queridos en un conflicto que no les pertenece, y que dejó tras de sí una estela de muerte prodigada sin ton ni son.