El
pasado viernes 2 de noviembre, 67 jóvenes de la Comuna 13
pertenecientes a las organizaciones culturales Son Batá y la Red de Hip
Hop La Élite, algunos de ellos menores de edad, dejaron sus casas tras
ser víctimas de agresiones físicas por parte de uno de los grupos
armados ilegales que opera en El Salado y recibir una serie de amenazas
contra sus vidas.
Con
un nuevo compañero de letras asesinado en la madrugada del pasado 30 de
octubre, “El Duke”, y reiteradas amenazas en su contra en un contexto
de por sí bastante hostil para los jóvenes, la alternativa no fue otra
que abandonar el barrio por unos días y regresar con propuestas para la
Alcaldía de Medellín, y los gobiernos regional y nacional.
Mejor
decisión no pudieron tomar, reflexionarían después. Mientras estaban
fuera, algunos de los otros miembros de los colectivos artísticos
recibieron desagradables visitas que, por fortuna, no pasaron de
amenazantes, pero que dejaron claro que son buscados, perseguidos y
estigmatizados.
Uno
de los graves problemas que enfrentan, destacaban dos voceros de estas
organizaciones en una rueda de prensa desarrollada en la mañana del
miércoles 7 de octubre, es la militarización que emplea la
Administración Municipal como respuesta a los conflictos que se
presentan en la Comuna. Éste es “hoy el lugar más militarizado del país
pero no bajan los homicidios, no se disminuyen las muertes violentas, la
gente no se siente más segura, también porque la Fuerza Pública no está
en un papel de proteger, prevenir, actuar antes de, sino de chocar, de
eliminar, de sacar, y eso difícilmente va a solucionar un problema que
tiene más de fondo”, aseguraba John Jaime Sánchez, director de Son Batá.
En
la actualidad la Comuna 13 tiene tres CAI periféricos, 12 bases del
Ejército y 7 puestos de policía. Tras el traslado de 200 uniformados más
a la Comuna en respuesta al asesinato de dos policías, el pasado 21 de
octubre, unos 900 efectivos recorren hoy el territorio sembrando tanto
temor como los mismos combos.
“La
Fuerza Pública está llegando a los barrios con la orden de acabar.
Acabar con los combos, acabar con el narcotráfico. Nadie está llegando a
proteger a la comunidad. Necesitamos cambiar esa forma de llegar a los
territorios”, afirmaba Jeiko, miembro de la banda hip hop C15.
Y
es que las confrontaciones en la Comuna 13 no han menguado. Algunos
líderes y lideresas comunitarias se han atrevido a afirmar que “aún
vivimos en Orión”, intentando retratar la crudeza de los
enfrentamientos, las pugnas por el control territorial y por los
negocios ilícitos que en ellos se desarrollan, la persecución y la
estigmatización contra las propuestas no-violentas, los toques de queda,
el drama de los jóvenes que terminan siendo prisioneros en sus propias
casas ante el temor que despierta en ellos el reclutamiento forzado
practicado por las bandas delincuenciales y las estructuras
paramilitares falazmente desmovilizadas; la estigmatización, los
señalamientos y las agresiones por parte de la Fuerza Pública.
“Se
ha establecido una alianza criminal entre la Fuerza Pública y los
delincuentes. En estos momentos los jóvenes le tienen más miedo a la
Policía que a los muchachos. Aquí hay una guerra de silencio”,
sostenía un joven de la Comuna en una reunión con la Personería de
Medellín, desarrollada el 24 de octubre, a unos días del asesinato de
“El Duke”.
Allí
mismo se expusieron casos de maltrato físico y verbal, de capturas
ilegales de jóvenes que son dejados en libertad en barrios diferentes a
los suyos y a merced de la buena suerte para lograr pasar las
infranqueables fronteras de sangre, de requisas humillantes donde son
obligados a desnudarse, de falsas acusaciones y amenazas que dicen unas
veces “gonorreítas, espero que no se manejen mal… Aquí van a pagar justos por pecadores”, y otras “si se manejan mal, vamos a tener que hacer otra Operación Orión para que ahí sí tengan que poner trapitos”.
“Necesitamos
seguridad, pero seguridad integral y eso implica generar otras
condiciones de vida para la Comuna 13” insistía Jeiko durante la rueda
de prensa. Exigen salud, educación, vivienda y empleo dignos,
oportunidades que los habitantes, y especialmente los jóvenes de la
Comuna 13, han sentido ajenas y que se ubican en el trasfondo de las
Ante
las últimas amenazas la Administración Municipal proponía recibir a los
110 jóvenes en los albergues para población desplazada o para población
amenazada. En este último
estarían sometidos a altos niveles de seguridad y aislamiento total,
como en la cárcel, como en sus casas, como en sus barrios sin barrotes
pero con fronteras invisibles.problemáticas sociales que allí se
producen y reproducen cotidianamente.
Finalmente
los trasladaron al Hotel y Centro de Convenciones Quirama, y se tomarán
medidas como el reforzamiento de la seguridad en el territorio, la
implementación de protocolos de autoprotección, la definición de riesgos
para algunos de los jóvenes de la Comuna, y la construcción de un plan
de trabajo que garantice la sostenibilidad de los procesos sociales y
artísticos en la Trece, como dijera Claudia Restrepo, Vicealcaldesa de
Cultura y Educación, el miércoles 7 de noviembre.
No
obstante la situación no ha sido resuelta. Prueba de ello es que
algunos de los jóvenes que salieron de la Comuna el viernes pasado no
han regresado a sus casas porque se sienten en grave peligro, porque
consideran que la Administración Municipal y la Fuerza Pública no les
ofrecen garantías de protección, porque desconfían no sólo de la
capacidad de la Policía para contener las acciones de las organizaciones
criminales en la Trece, sino por la estrecha y cómplice relación que
ven entre unos y otros.
Tras
un balance general de la situación en la Comuna, se determinó que 24 de
los jóvenes artistas “están en riesgo inminente y excepcional” porque
son líderes visibles, destacados y representativos de Son Batá y La
Élite, y no pueden regresar a la sus barrios. De allí que el Instituto
de Capacitación Popular (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL)
hayan adelantado gestiones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)
para que se tomen medidas de urgencia con ellos. Tanto los jóvenes como
las organizaciones sociales, no gubernamentales y defensoras de Derechos
Humanos que los acompañan están expectantes con los resultados de los
estudios que la UNP deberá adelantar con prontitud.
Otros
43 de los 110 jóvenes amenazados se encuentran en situación de riesgo
medio por vivir en la Comuna, en zonas menos conflictivas, y 43 más
están en riesgo alto por vivir en sectores de mayor confrontación y
presencia de actores armados ilegales, como El Salado y Nuevos
Conquistadores parte baja.
El
problema que vive la Comuna Trece no es nuevo, lo han repetido cientos
de veces los líderes y lideresas comunitarias y los jóvenes que le
apuestan a procesos que le hacen frente al conflicto. La reflexión sobre
esta situación no puede ser coyuntural.
Es
necesario comprender que los jóvenes que están en los barrios, cargando
las pistolas y los fusiles, marcando fronteras con la sangre de otros,
son peones que las estructuras delictivas reemplazan al caer. De allí
que deban desarrollarse estrategias que permitan desestructurar a las
organizaciones criminales que vienen recorriendo el país y han puesto su
pie sobre Medellín.
Se
requieren, entonces, instituciones estatales dispuestas a pensar éste
como un problema estructural, que afecta al país, que debe ser
solucionado desde la raíz y no conformándose con las ramas, que no son
más que los jóvenes de los barrios víctimas, a su vez, de la
marginalidad y el abandono estatal.
Es
indispensable, además, observar el accionar de la Policía y el Ejército
en los barrios. Desde años atrás las organizaciones sociales,
comunitarias y de Derechos Humanos han estado denunciando su connivencia
con las bandas y las estructuras paramilitares que operan, no sólo en
la Comuna Trece, sino en todos los resquicios de la ciudad. Se han
recogido, además, quejas y denuncias que evidencian los excesos y las
violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la Fuerza Pública. No
sólo esta recurrente situación, sino la falta de investigación para
clarificar las denuncias y establecer las responsabilidades necesarias,
desestimula la denuncia e impide avanzar en soluciones reales y
estructurales a problemas como los que hoy vive la Trece y comienzan a
traslucirse en otras zonas de la ciudad.
También
es esencial brindarles garantías de sostenibilidad y de seguridad a los
múltiples procesos sociales, culturales, artísticos y juveniles que se
vienen desarrollando como alternativa a la crudeza de la miseria y el
conflicto armado.
Ellos,
como Son Batá y La Élite, no están en confrontación con las estructuras
criminales que se levantan sobre Medellín. Sin embargo, sus propuestas
culturales y artísticas, pacifistas, no-violentas, entran en evidente
contradicción con las opciones que las organizaciones delincuenciales y
el proyecto paramilitar les ofrecen a los jóvenes de la ciudad,
poniéndolos en situación de riesgo.