MARISCAL: 10 AÑOS La Esperanza Persiste

A las 3:00 de la madrugada del 21 de mayo de 2002 comenzó la tercera parte de la pesadilla particular de la Comuna 13. Después de las operaciones militares Otoño y Contrafuego, el 24 y 29 de febrero de ese año, y una serie de amenazas, persecuciones y homicidios desde 1999, los habitantes de la zona cargaban con la temible certeza de que se avecinaban días peores.

Sin embargo no dejaron de sorprender las ráfagas de fusil que se desataron sin que despuntara siquiera la mañana y la negrura que reinaba en los barrios 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, donde tanques del Ejército Nacional destruyeron un transformador de energía para dar comienzo a la Operación Mariscal.

Ni dejaron de sorprender los mil efectivos de la Policía, el Ejército, el DAS, el CTI, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía y la Procuraduría que tomaban posiciones en las callejuelas y las escaleras que atraviesan la Comuna, amenazando a todo aquel que osara sacar la cabeza para ver qué ocurría y arremetiendo contra la población con ametralladoras M60, fusiles y helicópteros artillados.

Al parecer iban tras los integrantes de las FARC–EP, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), pero las ráfagas indiscriminadas terminaron perforando los muros, techos y ventanas de un sinnúmero de casas endebles, donde sus ocupantes nunca –ni en ese entonces ni en la actualidad– se han sentido seguros ante los disparos cruzados.

Después de doce horas y media se contaban nueve personas muertas, entre ellas dos amas de casa y cuatro niños, y aproximadamente 37 heridas. Además fueron detenidas arbitrariamente otras 55 personas.

Tras diez años de su asesinato, a las madres de Yiseth Adriana Tascón, María Isabel Jaramillo, Jorge Alexander Bustamante y John Wilmar Ayala, los cuatro niños víctimas de las balas durante las primeras doce horas de la Operación Mariscal, no dejan de aguárseles los ojos y de compungirse ante el recuerdo de las aventuras infantiles y los grandes sueños de sus hijos.

Ni dejan de dolerse por todas las vidas que se han perdido desde entonces, por las de quienes han muerto por el efecto de las balas, las de quienes han padecido largas y dolorosas enfermedades que encuentran su génesis en el miedo y la intranquilidad, las de los jóvenes cuyas posibilidades de estudio y trabajo son tan escasas como los alimentos en las despensas de sus casas de cartón, las de los niños que hoy son obligados –por las armas y las circunstancias– a vincularse a bandas criminales. Por la certeza de que a sus hijos y nietos “los disfrutaremos poquitico”.

El terror que campea por la Comuna 13 desde finales de la década del noventa, ha estado acompañado por la impunidad. Pese a las innumerables violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tan sólo dos miembros de la Policía Nacional, el brigadier general José Leonardo Gallego Castrillón y el coronel Álvaro Botero Mejía, han sido sancionados. Y el Estado colombiano condenado por la muerte de Martha Janeth Correa Murillo.

Pese a que nada se dice con respecto a los intereses soterrados que se posan sobre la Comuna 13, ni de los altos mandos militares, ni de los políticos que han respaldado los desmanes y excesos de la Fuerza Pública; los habitantes de este resquicio de la ciudad continúan exigiendo verdad, justicia y reparación integral, continúan reuniéndose alrededor de la vida y la memoria de sus víctimas, continúan diciéndole a la ciudad que el conflicto en la Comuna 13 no es de la Comuna 13, es de un país en el que la vida digna no es una garantía sino un privilegio.